23 de octubre de 2014

Chapuza y prepotencia de la junta de Extremadura


A la chapuza de convocar unas oposiciones que se eternizan, saltándose a la torera la obligación legal de convocar previamente el concurso de ascenso, la Junta continúa con la prepotencia de no ejecutar la sentencia del TSJ que le obliga a cumplir la ley...El "Estado de Derecho" 

Durante las pasadas  navidades, el anterior consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla,  convocó a bombo y platillo oposiciones de  la Junta de Extremadura, que apenas contaban con 576 plazas, de ellas 306 de personal laboral,  y afirmó que los primeros exámenes serían alrededor de la Semana Santa y los últimos en este mes de octubre. La falta de previsión fue de tal calibre, que llegado el mes de octubre, todavía andan clasificando las instancias, que alcanzaron una cifra astronómica de casi 157.000. Las previsiones más optimistas apuntan que los primeros exámenes serán alrededor de la próxima Semana Santa.

En una hipotética Administración racional, un consejero que organiza este tremendo desaguisado sería cesado inmediatamente. Aquí, en Extremadura, con el “gobierno de los mejores” de Monago, se le reserva un bien remunerado puesto  en el Consejo Consultivo como premio.

Pero, a pesar de las demandas sindicales, a nuestro ilustre consejero (hombre de orden él) no le dio la gana de convocar previamente el turno de ascenso para el personal laboral, preceptivo según el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Junta de Extremadura. Hubo demandas ante el Tribunal Superior de Justicia para que la Junta simplemente cumpliera con la legalidad. El consejero siguió en sus trece, ignorando los derechos que nos asisten al personal laboral.

Entra un consejero nuevo a dirigir la Función Pública, el polémico Checa, al que le surge una sentencia del T.S.J. que exige que se abra el turno de ascenso antes del libre y suspende la convocatoria. Nuestro nuevo ilustre consejero, en lugar de reconocer el derecho que asiste al personal laboral, arremete contra los recurrentes, los acusa de deslealtad y pide que den explicaciones a la sociedad. Alega ciertos “acuerdos tácitos” incumplidos, que no aparecen en ningún acta oficial. No le apetece a nuestro consejero cumplir la sentencia y recurre raudo al Tribunal Supremo, donde los asuntos se eternizan tanto, que se da por seguro que este asunto será ya un problema grave para resolver por el próximo gobierno, si finalmente el Tribunal Supremo decide confirmar las tesis del T.S.J., como todas las previsiones apuntan.

Se presenta un panorama dudoso a los opositores para personal laboral de la Junta, por la posibilidad de que el T.S.J. por sí mismo o a instancia de parte, emita un auto de suspensión, porque puede que plazas que estén comprometidas en estas posibles convocatorias tengan que ser ofrecidas antes en el turno de ascenso en cumplimiento de lo que taxativamente exige el convenio. Quedan las dudas al opositor de si una vez obtenida la plaza, el Tribunal Supremo se la negará. Un panorama parecido al que se da actualmente en el SES en que la actuación chapucera e inepta de la Junta ha conducido a una situación de difícil salida y donde, como siempre, son los trabajadores los únicos perjudicados.

En resumen, que nuestro consejero, en lugar de reconocer el derecho del personal laboral a contar con un turno de ascenso, previo al turno libre, pasa olímpicamente de convenio colectivo y de la sentencia del T.S.J. y se empecina en hacer lo más electoralista: continuar con el turno libre cuyos exámenes rondarán la campaña electoral.

Esto sucede porque los empleados públicos no somos capaces de ejercer la presión adecuada para que nuestros gobernantes cumplan al menos la legalidad vigente. Ha quedado claramente demostrado que sin esta presión, sin la organización y la movilización las demandas sindicales a la Administración son un brindis al sol. Por mucho sustento legal con el que cuenten, se enfrentan a la prepotencia del “gobierno de los mejores”.

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