13 de julio de 2014

Los trabajadores públicos en la encrucijada

En los últimos años estamos asistiendo a una ofensiva sin precedentes contra los trabajadores, que intenta aumentar al máximo los niveles de sobreexplotación mediante la liquidación de los derechos sociales conquistados por estos durante décadas de luchas y sacrificios. Una auténtica “solución final”.

Esta ofensiva fue iniciada por el anterior gobierno, con la reducción de las indemnizaciones por despido, la disminución de las prestaciones por desempleo, la prolongación de la edad de jubilación, la reducción del sueldo a los empleados públicos, recortes drásticos en el número de trabajadores del sector público, etc…

El actual gobierno ha continuado con esta línea, abaratando aún más  los despidos,  facilitando estos, tanto los individuales como los colectivos, aumentando la jornada laboral en el sector público, congelando los salarios en este sector y lo que posiblemente sea la medida más regresiva y grave en cuanto a las repercusiones sobre la totalidad de los trabajadores: la liquidación de facto de la Negociación Colectiva. Según la última reforma laboral, la empresa, aduciendo como pretexto causas tecnológicas o económicas, puede incumplir y modificar cualquier aspecto del convenio colectivo.

A todo esto, todos los trabajadores, pero de una manera muy especial los empleados públicos, tendrán que hacer frente a las consecuencias de lo que es un proyecto estratégico de los que ostentan el Poder: La privatización progresiva de los servicios públicos. Ya lo estamos empezando a ver en la Educación y la Sanidad. Pronto, con la aprobación de la nueva Ley de Régimen Local, se obligará a los Ayuntamientos a privatizar servicios, como el agua, la recogida de basuras o las obras.

Todo esto está siendo posible porque la respuesta de los trabajadores no está a la altura de la agresión. Y mientras esta inacción continúe, continuará la ofensiva y la consiguiente degradación de las condiciones de vida de los trabajadores.

Sin embargo, allí donde ha habido lucha se han conseguido éxitos: Las movilizaciones por la Sanidad Pública en Madrid, que han paralizado el plan de privatización o la lucha de los trabajadores de CocaCola que ha echado para atrás el ERE de la empresa.

Pero los trabajadores siguen sin tener un instrumento válido para la defensa de sus intereses. Por un lado están esas burocráticas instituciones estatales como son   CC.OO., UGT o CSIF, que han sido cómplices activos en el desmantelamiento de los derechos sociales y por otro, toda una serie de “sindicatos alternativos”,  tan inmersa en la corrupción como los “sindicatos” mayoritarios.

En la administración pública tanto unos como otros se limitan a facilitar “información”, a actuar como simples correveydiles de la empresa.

A finales de año habrá elecciones sindicales en la Junta de Extremadura. Los “oficiales” movilizarán todos sus enormes efectivos y recursos, al fin y al cabo sus “habichuelas” dependen en gran parte de su condición de “organizaciones sindicales más representativas”. También se presentarán toda clase de granujas que, bajo el paraguas de “alternativos”, irán en realidad en busca de los créditos horarios y otros privilegios.

Todo seguirá igual, o mejor dicho, empeorará significativamente, si seguimos dejando en manos de estos individuos nuestros intereses. La actitud de que  “lo hagan otros” puede tener consecuencias auténticamente suicidas para todos nosotros. De nada servirán después los lamentos.

Es necesario implicarse y dar la cara en la presentación de listas auténticamente reivindicativas y de clase. Pero ni siquiera esto será suficiente, quien diga lo contrario y se presente como mesías redentor, estará mintiendo. Somos los propios trabajadores los que debemos organizarnos y luchar por nuestros derechos, porque un Sindicato no es una oficina de información o una simple asesoría jurídica si no la asociación de trabajadores para la defensa colectiva de sus intereses comunes.

CSU-Extremadura proponemos luchar en el ámbito de la administración de la Junta de Extremadura por los siguientes objetivos:
  • Consideración de la situación actual como una ofensiva general contra la totalidad de los trabajadores. Ofensiva estratégica de ámbito esencialmente estatal y que se refleja en los retrocesos legislativos que suponen las reformas laborales, los planes privatizadores de servicios públicos y las acciones concretas y específicas contra los empleados públicos, como las reducciones salariales, la prolongación de la jornada laboral, la disminución de personal, etc..
  • Si el ámbito de la agresión es esencialmente estatal, también debe serlo la respuesta por parte de los trabajadores. Debemos asumir el compromiso de participar en la medida de nuestras posibilidades en las acciones y luchas que se produzcan en el ámbito estatal buscando la coordinación y la solidaridad en las luchas de todos los trabajadores.
  •  Defensa de los servicios públicos. Oposición absoluta a cualquier tipo de privatización de estos y reversión de las privatizaciones ejecutadas.
  • Defensa de una Sanidad y una Educación públicas y gratuitas. Dotación de los fondos necesarios para el buen funcionamiento de estas. Abolición de la ley 15/97 que autoriza los conciertos con la sanidad privada y abre la puerta a su privatización progresiva.
  • Oposición a cualquier tipo de financiación pública a entes privados en estos ámbitos.
  • Sustitución de todas las vacantes producidas en todos los sectores de la Administración. 
  • Provisión de los puestos de trabajo necesarios para el buen funcionamiento de los servicios.
  • En el ámbito de la educación, limitar legalmente las clases en educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos a un máximo de 25 alumnos por aula. Restablecimiento de las subvenciones al transporte para los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos.
  • Recuperación de la Paga Extra suprimida por el Gobierno a los empleados públicos mediante la aprobación de un complemento extraordinario equivalente a dicha paga por parte del Gobierno de Extremadura.
  • Restitución de la jornada de 35 horas semanales y recuperación de los 9 días de asuntos particulares.
  • Recuperación inmediata del 5% del salario “sustraído” a los empleados públicos.
  • Reconocimiento y abono de todos los niveles de la Carrera Profesional Horizontal.
  • Incrementos salariales conforme al IPC como mínimo.
  • Funcionarización de todos los puestos de trabajo dependientes directamente de la administración de la Junta de Extremadura, independientemente de la naturaleza de estos.
  • Cumplimiento de los principios de “igualdad, mérito y capacidad” en la contratación en cualquier empresa pública o subvencionada con fondos públicos.
  • Control por parte de cualquier organización sindical que lo desee de los procesos de contratación pública y establecimiento de métodos que hagan imposible la filtración de los contenidos de las preguntas en los correspondientes exámenes.
  • Prohibición legal de la externalización de servicios (privatización) y reversión de los ya existentes.

Desde CSU-Extremadura, proponemos a los empleados públicos de la Junta de Extremadura participar en la presentación de unas listas reivindicativas y unitarias para las próximas elecciones sindicales en la Junta de Extremadura. Para ello, puedes contactar con nosotros llamado al teléfono 677726077 o a través del correo electrónico: csuextremadura@gmail.com

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