13 de febrero de 2012

Nueva contrareforma laboral: liquidación de derechos sociales


La nueva contrarreforma laboral que acaba de perpetrar la dictadura del Capital a través del nuuevo gobierno que acaba de instalar, significa la culminación del proceso de liquidación de derechos de los trabajadores iniciado en 1977 con los llamados "Pactos de la Moncloa", firmado por todas las facciones del régimen. Proceso que ha contado con la colaboración y el servilismo de esas estructuras burocráticas institucionales con apariencia de sindicatos que son UGT y CC.OO.

Estas son algunos de los aspectos más significativos de esta nueva agresión antiobrera:

- Es la mayor agresión conocida a la negociación colectiva: además de hacer prevalecer los convenios de empresa sobre los de nivel superior, aumenta el poder empresarial al facilitar las cláusulas de descuelgue –ya aceptadas por CCOO y UGT— y cargarse la “ultraactividad” de los convenios (dejan de prorrogarse automáticamente pasados dos años después de haber vencido).  Todo ello facilitará que los empresarios puedan imponer unilateralmente peores condiciones salariales y laborales a los trabajadores,  limitando su capacidad de respuesta.

- Se suprime la autorización administrativa previa en los EREs, es decir, los empresarios podrán realizar despidos colectivos sin ninguna traba, y se extienden además al sector público la posibilidad de realizarlos. Esta era una vieja aspiración también de la patronal, como las anteriores.

-El despido se abarata drásticamente por varias vías: se generaliza el despido improcedente a 33 días por 24 mensualidades (desapareciendo el despido de 45 días por 42 mensualidades) y se imponen nuevas causas para el despido justificado (bastará que  una empresa vea reducidos sus ingresos durante tres trimestres consecutivos) que facilitarán que la mayoría de despidos sean objetivos (20 días por 12 mensualidades).

-Se amplía el periodo de prueba del contrato a un año, durante el cual se podrá despedir al trabajador sin necesidad de ningún motivo.

- Los empresarios pueden rebajar de manera unilateral los salarios a los trabajadores si aducen una disminución de ingresos durante un periodo de dos trimestres.

-Se abre un nuevo y amplio abanico de bonificaciones a la patronal por contrataciones, es decir, se restan ingresos a la Seguridad Social (salario indirecto y diferido de los trabajadores)  y, puestos a regalar dinero de los trabajadores al capital, se establece que los patronos puedan cobrar una parte de la prestación de desempleo de un parado (el 50% durante 12 meses) por contratarlo, mientras se seguirá diciendo que escasea el dinero para pagar las pensiones o la prestación de desempleo.

-Se mantienen las formas más precarias de contratación –contrato de aprendizaje—y el límite a 24 meses en el encadenamiento de contratos temporales es poco menos que un chiste si tenemos en cuenta que se precariza todo el empleo, ya que se abarata el despido, igualando a la baja los contratos indefinidos con los temporales. Eso al margen del fraude patronal generalizado.

-Las ETT’s pasan a tener un papel central como agencias de colocación, lo que en la práctica supone la privatización del INEM por la vía de desviar su actividad hacia esas empresas de traficantes de trabajadores.

-En el mismo sentido de reducir derechos de los trabajadores y culpabilizarlos, aprovechando para privatizar lo público, se endurece la "lucha contra el absentismo laboral", dando mayor poder de control  a las mutuas patronales, y se pretende que los parados con prestación realicen “trabajo social para la comunidad”, es decir, se les culpabiliza de su situación (cobran del  Estado sin hacer nada) y se les utiliza para cubrir servicios públicos que corresponderían al Estado.

-Poco se puede decir de la broma de mal gusto (¡un nuevo derecho!) sobre el derecho  de los trabajadores indefinidos a 20 horas anuales de formación a cargo de la empresa. Supondrán millones de horas de formación y resulta sospechoso que “los centros de formación acreditados ejecuten directamente los planes de formación”: parece evidente que a CCOO y UGT no les disgustará este punto teniendo en cuenta su implantación en esa actividad.

Descargar Decreto-ley AQUÍ
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