27 de noviembre de 2009

El TSJA prohíbe a la Junta desviar trabajo de sus funcionarios a otras empresas

La Junta de Andalucía empezó un nuevo método llamado "externalización", consistente en hacer que el trabajo de los funcionarios de la Junta fuera hecho por empresas públicas o privadas externas a la Junta. Pero el TSJA ha emitido un auto histórico.


La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado suspender de manera cautelar la resolución de 27 de febrero de 2009 por la que se encomienda a Sadesi, sociedad mercantil adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la operación y soporte de sistemas de gestión empresarial implantado en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Consejería de Presidencia.


De esta manera, el auto, dictado con fecha 19 de octubre de 2009 y al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda adoptar la medida cautelar solicitada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el cual argumenta que "la efectividad de la encomienda implicaría la pérdida de efectividad de la sentencia estimatoria, ya que el personal adscrito a la mercantil estaría ejerciendo potestades públicas, siendo imposible revertir las situaciones jurídicas generadas a su amparo".

En este sentido, agrega que "la apariencia de buen derecho resulta evidente" para el sindicato, ya que "la atribución de potestades públicas al personal de la mercantil sería contraria a Ley y supone el reflejo de la huida del Derecho Administrativo que está experimentando la Administración andaluza, variando de contenido las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos", añadiendo que el interés general "no se vería perturbado, puesto que las tareas de la encomienda están siendo desempeñadas por el personal funcionario" de Presidencia.

Al hilo de ello, expone que la Administración, por su parte, se opone a ello "aportando un largo informe del perjuicio que causaría al interés público" la suspensión cautelar, ya que "conllevaría dejar sin sistema de información económico-financiero a la Agencia, con unas graves consecuencias de imposibilidad de cumplir sus obligaciones contables y fiscales". Además, la Junta aporta un informe de aspectos técnicos sobre la encomienda realizada a Sadesi.

Tras exponer los argumentos de las dos partes enfrentadas, la Sala considera que "concurren los presupuestos" para la adopción de una medida de suspensión cautelar, pues, en primer lugar, "si hasta la fecha de la resolución todas las funciones encomendadas eran realizadas por el personal y funcionarios de la Agencia, la adopción de la medida no perturbaría el interés general y, sin embargo, la no adopción podría hacer perder la finalidad legítima al recurso, pues si los trabajadores de una mercantil ejercen potestades públicas en la ejecución de la encomienda, la situación sería difícilmente reversible".

En segundo lugar, argumenta que en la ponderación de intereses en conflicto "el interés general alegado por la Administración y plasmado en el informe no se ve perturbado, porque dichas funciones pueden realizarse como hasta ahora por los numerosos funcionarios que tiene la Administración, a quien incumbe la planificación y racionalización de sus recursos humanos, sin necesidad de aumentar el gasto".

Por último, expone que "la apariencia de buen derecho tampoco es desdeñable", ya que esta Sala "ya ha estimado el recurso 597/2008 del mismo sindicato contra otra encomienda de gestión, al entender que contenía el ejercicio de potestades públicas reservadas a los funcionarios", por lo que acuerda adoptar la medida cautelar solicitada y suspender la referida resolución, contra la cual cabe recurso de súplica.

En ese sentido, fuentes de la Consejería de Presidencia indicaron a Europa Press que este departamento ha acatado el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo "como no podría ser de otra forma", aunque anunciaron que presentaron un recurso de súplica ante la misma sala del TSJA, donde argumentan el posicionamiento de la Administración respecto al asunto a tratar.
Por su parte, el SAF indicó en una nota que se ha logrado "detener y suspender una encomienda de gestión cuyo gasto ascendía a casi 100.000 euros", lo cual constituye "todo un hito en nuestra trayectoria sindical".

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