28 de octubre de 2009

El gobierno al servicio de sus amos


Europa pedirá al gobierno de España parte de los 30.000 millones de euros que el ejecutivo de Zapatero perdonó a las grandes empresas.


La Comisión Europea prevé declarar este miércoles que el Fondo de Comercio es ilegal. Son las rebajas en el Impuesto sobre Sociedades con las que el Gobierno favoreció que Telefónica controlara O2 en Reino Unido; que Iberdrola se merendara Scottish Power también en las Islas Británicas; y que Sacyr, Abertis y Cintra desembarcaran en las autopistas en Francia. Bruselas no descarta que haya más empresas españolas cuya expansión internacional haya sido dopada por el favor de Hacienda, ni renuncia a identificarlas. Y calcula que el Estado dejó de recaudar unos 30.000 millones de euros.

El Ejecutivo comunitario exigirá además que las empresas favorecidas devuelvan parte de estas ayudas. Es decir: que paguen parte de los impuestos que se ahorraron. La cantidad a pagar, según explicaron ayer a el Economista fuentes conocedoras del caso, podría quedar pendiente de ser negociada entre Madrid y Bruselas.


Según el orden del día del Ejecutivo comunitario, la decisión será adoptada este miércoles en el transcurso del Colegio de Comisarios: la reunión semanal de la Comisión Europea equivalente al Consejo de Ministros que cada viernes celebra el Gobierno español. La liberal holandesa Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia, presentará un proyecto de decisión que declara ilegales las ayudas del Fondo de Comercio, y exige la devolución parcial de las mismas al Estado.


Hace diez días, Kroes se inclinaba por conformarse con imponer a Madrid el fin de este dispositivo. Elena Salgado, vicepresidenta económica española, aseguró el 13 de octubre que las empresas españolas no tendrían que devolver ninguna ayuda.

Lo afirmó tras reunirse con Kroes en una cita que hubiera sido secreta si a su llegada a la sede del Ejecutivo comunitario no se hubiera cruzado con dos periodistas de EuropaPress. Interrogado por el Economista, el Ministerio de Hacienda reiteró la misma afirmación este martes, en vísperas de que se haga pública la decisión de Bruselas.


Pero Kroes ha sido sometida a un fuego cruzado y ha cambiado de opinión. Según confirmaron ayer fuentes comunitarias, Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, habría presionado a Kroes para que mantuviera la decisión que hace diez días parecía la más probable, y la más favorable posible a los intereses españoles: prohibir estas ayudas sin efectos retroactivos.


En el sentido contrario han presionado, entre otros, el francés Jacques Barrot, vicepresidente de la Comisión Europea y titular de la cartera de Justicia, Libertad y Seguridad. De hecho, la Comisión Europea desconocía este mecanismo y el Gobierno lo mantuvo oculto hasta que las conquistas españolas provocaron envidias, suspicacias y chivatazos a lo largo y ancho de la UE.


En octubre de 2007, Bruselas abrió una investigación formal, en la que han declarado más de 30 empresas y lobbies.

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