24 de agosto de 2009

La protección contra el desempleo: de aquellos barros, estos lodos


J. Luis Real

La patronal y el Gobierno hablan de reducir las cotizaciones y este último sigue primando a quienes han generado esta crisis de empleo: las grandes corporaciones bancarias.

Miles de trabajadores y trabajadoras en paro y con las prestaciones por desempleo agotadas han acudido en estos días a las Oficinas de Empleo para ver si les habían tocado los 420 euros mensuales de la lotería del Gobierno.

Gran parte se ha encontrado con que no era así, y que van a seguir sin tener ningún ingreso que venga a mitigar la difícil situación creada por estar sin trabajo y sin lo mínimo para subsistir.

El requisito de que sólo se retrotraiga su alcance a quienes han dejado de cobrar desde el 1 de agosto, plazo que el Sr. Zapatero ha dicho se revisará, es el principal escollo que ha dejado fuera de esa ayuda a cientos de miles de personas.

Lo cierto es que la cuantía que hasta ahora se destina a esta medida (642 millones de euros), comparándolo con el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) dotado con 90 mil millones de euros, y popularmente conocidas como “ayudas” a la banca, deja bien claro lo escaso de los fondos que se han movido para ayudar a la ciudadanía sin recursos.

Ahora bien, también hay que tener en cuenta que dichos fondos no son inagotables y que, al ser públicos, su uso ha de hacerse con criterios de eficiencia, economía, racionalidad, y progresividad, algo que el Gobierno del PSOE no ha tomado en cuenta en otras disposiciones anteriores que han lastrado a la actual, me refiero a los famosos 400 euros del pasado año y al “cheque-bebé”.

Ambas medidas deberían haber sido aplicadas siguiendo una lógica mínima, favoreciendo a quienes menos recursos tuvieran, y no universalizarlos de forma que personas y familias de ingresos medio-alto se vieran igual de beneficiadas que aquellas sin ingresos o con ingresos bajos. El coste de estos alegres (y caros) dispendios repercute ahora, como siempre, en los sectores más débiles de la sociedad.

Pero tomar en solitario esta disposición del Gobierno de Zapatero, y sobre todo reducirlo a una cuestión de plazos, o del número de parados y paradas que quedaran dentro o fuera, pues aún con la revisión prometida seguirán sin prestaciones un elevado porcentaje, da una imagen falsa de lo que es la realidad actual de la protección por desempleo con prestaciones y subsidios.

Hay que remontarse a 1992, año en el que el Gobierno de Felipe González promulgaba la nefasta y antisocial Ley de medidas urgentes sobre fomento de empleo y protección por desempleo para comprender parte de la situación actual. Aquella reforma redujo la cobertura al desempleo de un 80 % a un 50 % al endurecer las condiciones para el acceso a las prestaciones aumentando el tiempo de cotización para tener derecho a las mismas, y reduciendo al mismo tiempo el alcance temporal de dichas prestaciones, así como su cuantía.

Es ahora, en este momento de elevadas tasas de desempleo cuando lo impuesto por esa Ley muestra toda su virulencia, convirtiendo el Real Decreto Ley del 13 de agosto, conocido como “el de los 420 euros”, en un mal parche con fecha de caducidad, parcial y discriminatorio, que en poco va a contribuir a mitigar la desesperada situación de quienes están en paro. Mientras, la patronal y el propio Gobierno hablan de reducir las cotizaciones y este último sigue primando a quienes han generado esta crisis de empleo: las grandes corporaciones bancarias.

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