El Empleo Comunitario fue un sistema de empleo social implantado en 1971 con el objetivo de evitar o amortiguar las protestas sociales de los jornaleros en Extremadura y Andalucía. Existía una situación de precariedad en este sector social, debido a la incipiente destrucción de cultivos sociales que generaban un alto nivel de desempleo y a los salarios miserables en el campo.
Este sistema de trabajo social estaba gestionado por los ayuntamientos y destinado a la realización de obras públicas. El Estado suministraba los materiales de obra y los jornaleros tenían derecho a trabajar durante 16 días mensuales, pudiendo trabajar durante los restantes 14 días por su cuenta en otros lugares.
La remuneración se fijaba por el correspondiente convenio provincial del campo. Extrapolándolo a la actualidad, un jornalero tenia garantizado unos ingresos mínimos de 617 euros (convenio del campo de Extremadura) o de 698 euros según el convenio del campo de Córdoba.
Por otra parte, los trabajadores percibían también el beneficio adicional del resultado de las obras. Durante el tiempo que duró este sistema los pueblos de Extremadura y Andalucía experimentaron una transformación radical. Se pavimentaron las calles, se construyeron piscinas y complejos deportivos, se hicieron parques, se mejoró el alumbrado público, se extendió y mejoró el alcantarillado, etc.
Todo esto eran “resultados colaterales” para los gobiernos de la época, el objetivo principal era evitar revueltas sociales en el campo en un momento histórico de debilidad del régimen burgués. De hecho, los años 70 fueron donde se alcanzaron las mayores cotas de derechos sociales y laborales para los trabajadores, que tendrían su culminación en la Ley de Relaciones Laborales de 1976, donde, por ejemplo, se establecía la causalidad en el despido y la potestad del trabajador de ser readmitido en caso de despido improcedente. La indemnización por despido era de 60 días por un máximo de 60 mensualidades.
Sin embargo, este objetivo no solo no se cumplió si no que, al estar los trabajadores concentrados en tajos, facilitó su organización y conciencia de clase. En los años 70 y 80 se produjeron movilizaciones y una organización de los jornaleros sin precedentes.
En los últimos años de la década de los 70 y los años 80 del siglo pasado se procede a la reforma de un régimen debilitado y se afronta la creciente conciencia de clase y la progresiva organización de los trabajadores. El objetivo de esta reforma es garantizar la continuidad en el poder de la oligarquía y hacer su dictadura más eficaz, aumentando significativamente los niveles de explotación de la clase trabajadora. Nunca llegaron a imaginar hasta qué punto tendrían éxito.
En el campo surge la necesidad para el régimen de establecer un sistema que produzca los efectos contrarios al Empleo Comunitario. Y así surge el llamado PER (Plan de Empleo Rural), que sigue vigente aunque con otras siglas (AEPSA).
Este sistema consiste en un subsidio de desempleo durante seis meses con una remuneración del 75% del SMI (426 €). Se exigen una cantidad de peonadas cotizadas para acceder a este subsidio, en la actualidad son 20 por año.
El sistema se implantó en 1984 por el gobierno “socialista”. Se produjeron enormes movilizaciones en todo el territorio de Extremadura y Andalucía para impedir el cambio. Ocupaciones de fincas, cortes de carreteras, marchas, manifestaciones, etc., pero los llamados “sindicatos” oficiales terminaron por traicionar y vender a los jornaleros, aceptando el nuevo sistema. El nuevo Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1984, establecía las subvenciones a los sindicatos mayoritarios, es decir, su adquisición por parte del Régimen.
En 1987 también se produjo una gran movilización de trabajadores agrarios solicitando la eliminación de las peonadas necesarias para acceder al subsidio y que culminó con una masiva marcha por Madrid, donde recibieron el apoyo entusiasta del pueblo trabajador de Madrid. Pero, una vez más, los burócratas corruptos de los sindicatos oficiales traicionaron y vendieron a los trabajadores. Aceptaron que el sistema siguiera tal cual.
Este sistema de subsidio agrario (PER o AEPSA), además de empeorar significativamente el nivel de vida de los trabajadores agrícolas, es un sistema corrupto y corruptor. En primer lugar, no significa lo mismo en cuanto a adquisición de conciencia de clase cobrar un subsidio que realizar un trabajo por el que eres remunerado. Pero es que la obligación de justificar las 20 peonadas es un arma en manos del terrateniente que chantajea al jornalero, que en muchos casos tiene que pagar su coste en cuanto a cotización a la seguridad social. Las peonadas se terminan comprando, dándose el caso paradójico de que un jornalero real no pueda conseguirlas, por negativa del terrateniente y por lo tanto no pueda acceder al subsidio y que por el contrario alguien que jamás haya trabajado en el campo (ni en ningún otro sitio) sí perciba ese subsidio porque ha comprado las peonadas o porque tenga familiares o amigos agricultores.
El cambio de sistema también acarreó otras consecuencias nefastas para los trabajadores del campo. Su conciencia de clase se desplomó y su capacidad de organización prácticamente desapareció. Las organizaciones sindicales que encabezaron las luchas jornaleras sufrieron una mutación drástica. CC.OO. del campo prácticamente desapareció y sus restos se asimilaron a la naturaleza corrupta y de servicio al Capital del conjunto de la organización. El SOC se convirtió en un una organización de tipo político, con un falso nacionalismo pequeño-burgués como bandera, que utiliza como justificación para rechazar la unidad con el resto de la Clase Obrera bajo la jurisdicción del Estado español (sindicalismo de clase).
Los derechos sociales y las condiciones de vida de los trabajadores del campo y del resto de trabajadores siguen empeorando día a día porque a la degradación y corrupción irreversible de los llamados “sindicatos” de Régimen se suma la incapacidad de unión y organización de los trabajadores del Estado español para defender sus intereses comunes. No existe actualmente una alternativa real de Sindicalismo de Clase que potencialmente organice y una a todos los trabajadores frente al aparato del Estado de la burguesía. La realidad sindical supuestamente alternativa está plagada de corporativismo, nacionalismo y una miríada de siglas de mas o menos pequeñas organizaciones cuya función es poco más que la de una asesoría jurídica.
Si los trabajadores no nos unimos y organizamos a nivel del Estado para dar la batalla al enemigo de clase y defender nuestros derechos comunes como trabajadores, seguiremos perdiendo derechos y nuestras condiciones de vida seguirán empeorando como lo han hecho hasta ahora.
De esto no solo serán culpables la burocracia corrupta de los “sindicatos” del Régimen. También serán responsables todos aquellos que por distintos motivos no saben o no quieren construir la unidad de los trabajadores.
José Luis Gómez (CSU-Extremadura)
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