CSU-Extremadura respalda absolutamente las reivindicaciones contempladas en el comunicado de la COESPE
ANTE
LAS ELECCIONES GENERALES DEL 10-N
La Coordinadora Estatal
por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, en primer lugar, hace
un llamamiento a la ciudadanía e ejercer su derecho al voto. Este derecho y los
demás derechos y libertades se han conseguido con años de lucha y sacrificio, y
la mejor forma de defenderlos es participando para elegir a nuestras y nuestros
representantes políticos en las instituciones democráticas. La Soberanía, el poder, reside en el Pueblo.
En segundo lugar, si
nuestro objetivo es la defensa y mejora del Sistema Público de Pensiones,
debemos leer detenidamente los programas electorales de los partidos y comparar
sus propuestas con nuestras reivindicaciones. No se hace una recomendación
partidista, pues como Coordinadora no seguimos ni pertenecemos a ningún
partido. El punto clave es si se apuesta
por un Sistema Público de Pensiones de reparto, universal y solidario entre
generaciones y territorios, que garantice unos ingresos a todas las personas
para vivir con autonomía y dignamente, o se apuesta por un sistema mixto,
con apoyo del Gobierno a los planes privados de pensiones, sistemas de
capitalización individual, llámese “mochila austríaca”, “Entidades de Previsión
Social Voluntaria (EPSV), o cualquier otro producto financiero de planes de
pensiones privados que supondría más pobreza y más desigualdad para quienes
tienen salarios medios y bajos.
Así pues, recordamos
algunas de nuestras reivindicaciones básicas y que nos pueden dar pistas entre
la maraña de promesas que, en materia de pensiones, hacen los partidos
políticos.
1
. PENSIÓN MÍNIMA 1080 EUROS AL MES EN 14
PAGAS AL AÑO. Esta es la cuantía mínima que, según la
Carta Social Europea, estipula para España a una persona que vive sola pueda tener
autonomía y vivir con dignidad. También es aceptable que, a corto plazo, se
iguale al Salario Mínimo Interprofesional de 900 euros.
2
. DEROGACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMAS DE
PENSIONES DE 2011 Y 2013. Es importante que, al menos sus
aspectos más negativos, sean suprimidos. Tratan
de que trabajemos más, hasta los 67 años, y cobremos menos. Las formas para
que cobremos menos son variadas:
a.
ÍNDICE
DE REVALORIZACIÓN ANUAL. Las pensiones han de revalorizarse
por Ley al Índice de Precios al Consumo, IPC, o sea, a la inflación o aumento
del coste de la vida. No vale otros índices de referencia, ni congelarlas con
el 0.25% de subida. A medio plazo, blindar la pensión mínima y las
revalorizaciones como derecho fundamental en la Constitución.
b.
AUMENTO
DE LOS AÑOS COTIZADOS. Para cobrar el 100% (de 35 años a 38 y
medio) y para calcular la media de la pensión (de 15 últimos años a 25).
c.
FACTOR
DE SOSTENIBILIDAD. Consiste en reducir la cuantía de las
pensiones según la esperanza de vida. En ambas reformas se ha introducido. En
la de 2011, del PSOE y apoyada por los sindicatos CCOO y UGT, este factor
entraría en vigor en el año 2027. Y en la de 2013 del PP, hubiera comenzado
este año 2019 y ahora, por nuestra presión en las calles, se ha pospuesto al
año 2023.
3
. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES. Para garantizar unas pensiones públicas dignas y
suficientes, el Estado está obligado a complementar su financiación vía
impuestos, si no alcanzase con las cotizaciones sociales. Se necesita una reforma fiscal para combatir la corrupción, el fraude y la evasión
fiscal, y para una distribución justa y equitativa de la riqueza. Se necesita mejorar y planificar la inspección de
trabajo para luchar contra el fraude de horas extra, los falsos autónomos y
la economía sumergida. Estas medidas, junto con otras, como destopar la
cotización máxima o eliminar las bonificaciones de las cotizaciones empresariales,
harían sostenible y viable el Sistema Público de Pensiones.
4
. DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS LABORALES
DE 2010 Y 2012. Nos encontramos con otras 2 reformas que
han significado deterioro y precarización de los contratos de trabajo y un
descenso de los sueldos. Los bajos salarios inciden directa e indirectamente en
las personas pensionistas: menor entrada de dinero en la caja común de la
Seguridad Social por menores cotizaciones y más ayuda que hay que prestar a
hijas e hijos, nietas y nietos. Se necesita una nueva Ley Laboral que reduzca
el desempleo, sobre todo el juvenil, que elimine el facilitar el despido o el
despido libre, y un salario mínimo de acuerdo con lo que dice la Carta Social
Europea: el 60% del salario medio.
. COMBATIR LA BRECHA DE GÉNERO EN
SALARIOS Y PENSIONES. Una injusticia que se ha de erradicar y
que viene determinada por la dependencia económica de la mujer y el papel en
los cuidados familiares atribuido generalmente a las mujeres y que no las
permite cotizar el tiempo y la cuantía igual que los hombres. Las pensiones más
bajas, las no contributivas y las de viudedad, recaen fundamentalmente en
mujeres. Pensiones de viudedad que han de ser el 100% de la base reguladora de
el/la cónyuge, y no el 60% como ahora.
. DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS,
UNIVERSALES Y DE CALIDAD. Junto a la Seguridad Social, la
Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, forman parte de nuestro estado
del bienestar. Especial atención hemos de poner en lo que se propone para
llevar a cabo, o sea financiar, la Ley de Dependencia, en todos sus aspectos de
Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Residencias Públicas, Centros de Día, etc. y
terminar con las listas de espera, 300.000 personas y 80 que fallecen al día
sin obtener las ayudas a las que tenían derecho.
Estos son a grandes rasgos
las cuestiones que nos interesa comprobar si los partidos se han comprometido
en sus programas electorales. Este 10 de noviembre debemos votar con
inteligencia, sin que nos laven el cerebro con otras cuestiones que no tienen
que ver con nuestro día a día: cubrir las necesidades básicas, y el futuro para
las generaciones que vienen detrás. Necesitamos un Gobierno del Pueblo y para
el Pueblo.
¡NO
NOS VAMOS A CANSAR! ¡NO NOS VAMOS A
RENDIR!
¡GOBIERNE
QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!
A
4 de noviembre de 2019
La
Comisión de Portavoces
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